Memorias del V Coloquio (Quinta Parte)



LA MUJER EN LA GUERRILLA URBANA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL DE PUERTO RICO (1974-1985).
Francisco J. Pesante González franciscopesante@yahoo.com
Instructor, National University College – Online
Estudiante doctoral, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe

Al hablar de la lucha de liberación nacional en el Puerto Rico contemporáneo, algunas de las figuras femeninas emblemáticas que me saltan a la memoria por su participación en estas luchas son Blanca Canales o Lolita Lebrón. Sin embargo, a partir de la década de los setentas, la lucha por la liberación nacional de Puerto Rico por vías violentas logró nuevas articulaciones. El surgimiento de organizaciones como el EPB-PRTP Los Macheteros, la Organización de los Voluntarios de la Revolución y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) entran en escena, capturando con sus operativos la atención de su pueblo en la isla y el continente, la atención del mundo, así como los titulares de prensa. 
No fue hasta los arrestos de miembros de Los Macheteros y las FALN que conocimos de la participación de mujeres dentro de las filas de estas organizaciones revolucionarias. 
La siguiente ponencia tiene el objetivo de: (1) presentar una breve trayectoria de los operativos de Los Macheteros y las FALN en el contexto de la lucha armada por la liberación nacional de Puerto Rico, (2) presentar las mujeres dentro de las filas de estas organizaciones clandestinas que fueron arrestadas en los operativos llevados por las autoridades entre 1980 y 1985, (3) exponer algunas de las posturas planteadas por estas luchadoras revolucionarias en los tribunales del gobierno federal de los EU y (4) reflexionar sobre el legado de la lucha de estas mujeres en la lucha por la liberación nacional de Puerto Rico.
Trayectoria de los operativos de Los Macheteros y las FALN 
Entre 1974 y 1985 las autoridades estadounidenses adjudicaban a Los Macheteros y las FALN sobre 140 ataques contra la vida y la propiedad.
El origen de las FALN se remonta a mediados de la década de los setenta, siendo uno de sus primeros operativos político-militares un ataque dinamitero a Wall Street. En el comunicado de prensa en que se adjudicaron el ataque, declararon sus objetivos como ejército clandestino puertorriqueño que operaba dentro de los Estados Unidos. Estos eran: la lucha por la independencia y el socialismo para Puerto Rico, la excarcelación de cinco nacionalistas envueltos en los ataques al Congreso de los Estados Unidos y al Presidente Truman en la década de los cincuenta, así como la excarcelación de todo preso político o de guerra puertorriqueño. A través de sus acciones y las afirmaciones contenidas en los comunicados, las FALN se insertaban en la corriente de los movimientos de liberación nacional en el contexto internacional.(FALN 1982; The New York Times 11 de diciembre de 1980; START s.f.).).
Los operativos de las FALN duraron hasta 1983, cuando las autoridades estadounidense habían completado el arresto y procesamiento judicial de aproximadamente una quincena de miembros de la organización.
Por su parte el Ejército Popular Boricua-Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, Macheteros (EPB-PRTP), fue fundado a mediados de 1976. Esta organización política clandestina ideológicamente se denominaba como socialista independentista. Entre 1976 y 1985 la organización se había adjudicado varios operativos. Entre éstos, el ataque armado de diciembre de 1979 a un autobús militar en Sabana Seca, que resultó en la muerte de dos militares. En enero de 1981, llevaró a cabo la destrucción de nueve aviones de la Guardia Nacional estacionados en la Base Aérea Muñiz de Isla Verde. Este último, junto al robo de $7 millones a la compañía Wells Fargo en Connecticut, fueron sus operativos más grandes (Fernández, 1993). Según la base de datos de START estos contaban con 24 ataques hasta agosto de 1985. Fecha en que 11 de sus miembros fueron arrestados por las autoridades estadounidenses.
¡Guerrilleras en pie de lucha! Perfil y posturas de las miembros de las FALN y Los
Macheteros
Fue en abril de 1980 en Evanston, Chicago cuando fueron arrestados 11 luchadores independentistas puertorriqueños en la diáspora. El subterfugio de las autoridades policiales ante la prensa: un vecino de la comunidad cercana de Northwestern se comunicó con la policía para informar de 9 personas en actitud sospechosa se encontraban saliendo y entrando de una furgoneta. Al realizar una inspección de la furgoneta, los oficiales encontraron armas de fuego. Procediendo con los  arrestos de 9 personas entre las que se encontraban Marie
Haydée Beltrán Torres, Dylcia Noemí Pagán, Ida Luz Rodríguez y Carmen Hilda Valentín. En un suceso ocurrido el mismo día, las autoridades habían arrestado en una zona cercana a otros 2 independentistas entre quien se encontraba Alicia Rodríguez. A quienes las autoridades vincularon al robo de un vehículo de alquiler. Las investigaciones preliminares entre la policía de Chicago y el FBI, llevaron a las autoridades a establecer la relación de los arrestado con las FALN (Chicago Tribune 5 de abril de 1980). 
Otra ronda final de arrestos de miembros de las FALN donde involucraba a una revolucionaria ocurrió en Chicago en junio de 1983. En este se vieron involucrados 4 independentistas entre los que figuraba Alejandrina Torres. Sobre este particular, las autoridades por medio del Fiscal del caso informaron haber infiltrado la organización por un equipo elite compuesto de agentes del FBI, del Illinois Department of Law Enforcement y el Chicago Police Department. Para este se valieron de grabaciones y afidávits donde los agentes declararon el complot por los arrestados para realizar robos para financiar sus operaciones y ataques mediante bombas a facilidades militares en Chicago. Los arrestos se llevaron por medio de intervenciones de las autoridades en sus lugares de trabajo o mientras transitaban,  no mediando resistencia a los arrestos (Chicago Tribune 30 de junio de 1983).
Las acusaciones contra el primer grupo de ocho miembros de las FALN que incluían a
Dylcia Noemí Pagán, Ida Luz Rodríguez y Carmen Hilda Valentín se realizó en julio de 1980, por medio de un jurado federal. Los cargos: posesión de armas y conspiración (The New York Times 20 de julio de 1980). 
Una segundo grupo de acusaciones iba dirigido contra otros dos miembros de las FALN, entre los que se encontraba Alicia Rodríguez. Acusados de robo armado por el intento de robo de una camioneta de la compañía Evanston Car Rental. (The New York Times 8 de julio de 1980) 
El primer grupo de ocho miembros, entre los que se encontraban Ida Luz Rodríguez, Dylcia Noemí Pagán y Carmen Valentín fueron condenados a 8 años de prisión por posesión de una escopeta recortada y llevar a cabo un robo armado. María Haydee Torres fue extraditada a New York para ser procesada por el asesinado de una persona en el ataque al edificio de  Mobil Oil (The New York Times 27 de agosto de 1980).
A fines de ese año, por medio del mecanismo del gran jurado federal, las autoridades federales logran formular acusaciones adicionales contra los 11 arrestados por los cargos de conspiración sediciosa, robo, uso ilegal de armas de fuego y transportación interestatal de vehículos robados.  Para la fecha las autoridades acusaban a las FALN de conspirar en la detonación de explosivos en 28 bancos, establecimientos comerciales y facilidades gubernamentales en la zona de Chicago. Entre los acusados se encontraban Alicia Rodríguez, Carmen Valentín, Dylcia Pagán e Ida Luz Rodríguez. María Haydée Beltrán Torres no fue parte de esta acusación, encontrándose cumpliendo su sentencia de por vida por su asociación con explosiones habidas en New York, en la que habían ocurrido fatalidades (The New York
Times 11 de diciembre de 1980). 
¿Quiénes eran estas mujeres en su día a día? Lo que pude encontrar sobre esta independentistas revolucionarias proviene mayormente de la prensa alternativa de la época (o sea la prensa de izquierda), así como de boletines de las campañas de apoyo y reclamo de su excarcelación. A continuación algunos datos.
Para la fecha de su arresto Alicia Rodríguez, nacida en Chicago de padres boricuas, había sido estudiante de University of Illinois en Chicago. (Delgado, s.f.).
Su hermana Ida Luz Rodríguez, quien se había trasladado a sus dos años a Chicago junto a sus familiares, era egresada de sicología y sociología de la Universidad de Northeastern Illinois. Al momento de su arresto su hijo Damian quedó en la custodia de sus abuelos en Chicago. Lucy se había destacado por su trabajo político en la Escuela Superior Puertorriqueña Rafael Cancel Miranda, hoy conocida como la Escuela Superior Dr. Pedro
Albizu Campos, y participó en el trabajo del Comité Pro-Libertad de los 5 Nacionalistas. En 1976, junto a Oscar López fue forzada al clandestinaje donde permaneció hasta los arrestos de 1980. (Delgado, s.f.)
Carmen Valentín, nacida en Arecibo, emigró a los 9 años junto a su familia a la ciudad de Chicago. Egresada de Northeastern Illinois University de estudios graduados en español, fue activista en los reclamos de mejoras en los servicios y la educación de las comunidades de grupos minoritarios. Trabajando como consejera en Tuley High School y madre de Antonio, fue arrestada en el grupo de 1980 (Delgado, s.f.).
Dylcia Pagán, nacida en el Barrio de New York, estudió cinematografía y sociología en Brooklyn College, donde se incorporó a las luchas estudiantiles y fundo la Unión de Estudiantes Puertorriqueños. Se desempeñó como maestra de estudios sociales en el sistema educativo de la ciudad de New York, además de haber trabajado para las principales cadenas televisiva y en la prensa escrita (Delgado, s.f.).
María Haydée Beltrán Torres, nacida en Arecibo, emigró a Chicago a los 12 años. Desde sus años en Tuley Junior High School, organizó un boicot demandando la destitución del principal por sus actitudes racistas. Estudiante de la Universidad de Illinois, fue muy vocal en su defensa de los derechos de los estudiantes latinos. Miembro fundador de la Rafael Cancel Miranda Puerto Rican High School, estuvo participando también en la campaña de excarcelación de los 5 nacionalistas. Forzada al clandestinaje en 1976 hasta la fecha de su arresto. (Delgado, s.f.)
Por su parte Alejandrina Torres, emigrando de San Lorenzo a los 11 años con su familia a los EU, era madre de dos jóvenes y desde temprana edad se involucró en las actividades de su comunidad y la Primera Iglesia Congregacional de Chicago. (Claridad, 26 de septiembre de 1985; Voces pro independencia, s.f.).
Amparadas en el hecho de que Puerto Rico fue conquistado militarmente en 1898, plantearon que la lucha por la liberación nacional podía tomar las armas como medio. Desde inicios del proceso judicial las arrestadas se declararon prisioneros de guerra, exigiendo el trato estipulado por los Protocolos de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra y que se juzgaran ante un tribunal militar. Con esto buscaban que las autoridades estadounidenses reconocieran el derecho de las colonias a luchar con las armas por su independencia, en contra del país colonizador, como lo establecía la Organización de
Naciones Unidas. (Maolain, 1985; Nieves, s.f.).
Bajo dicho argumento plantearon que no aceptarían la defensa legal en los tribunales imperiales por no reconocerles legitimidad. Siendo la tribuna adecuada, algún foro internacional donde pudieran ser juzgados por un jurados de comunes, tal como se establecía por el derecho internacional. Lo contrario sería invalidar el carácter político de sus acciones, como pretendían las autoridades. (Desde las rejas 28 de abril de 1980).
Ante la negativa de contar con asistencia legal, las autoridades estadounidenses las procesaron judicialmente por los cargos de conspiración sediciosa y por perseguir el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos por la fuerza (Maolain, 1985; Nieves, s.f.).
En lo que respecta a los Macheteros, los arrestos habidos en agosto de 1985 fue el resultado de las investigaciones de las autoridades federales, luego de en 1984 Los
Macheteros se adjudicaran el operativo para el robo en los depósitos de la Wells Fargo en Hartford Connecticut de $7 millones. Para los arrestos las autoridades del gobierno federal realizaron un gran operativo en Puerto Rico, los Estados Unidos y México (US v.
Maldonado-Rivera, 1990).
Dos de las 13 personas arrestadas en agosto de 1985 fueron Luz María Berrios Berríos e Ivonne Meléndez. Ivonne había sido arrestada en Vega Baja. Por su parte, Lucy se encontraba con sus hijos en México, donde agentes de la Interpol realizaron el arresto.
Para el primer proceso de vista de fianza, durante los meses de septiembre y octubre de 1985 el gobierno presentó evidencia de los riesgos de fuga y peligrosidad contra el grupo de acusados entre el que se encontraba Ivonne Meléndez. Las pruebas de la fiscalía apuntaban a la participación de los acusados en otros hechos delictivos (como el operativo de enero de 1981 en que se explotaron 9 aviones de guerra de la Guardia Nacional Aérea en Puerto Rico), prueba de peso para apuntar al riesgo de fuga de éstos, por lo que el Tribunal de Distrito les denegó la liberación mediante pago de fianza, hasta comenzar el proceso judicial (US v. MeléndezCarrión, 790 F.2d 984; López, 1986, pp. 8-10).
Por su parte, Luz Berríos Berríos había sido extraditada de México a Miami donde un magistrado federal le concedió el derecho a fianza; posteriormente, revocada por el juez T.
Emmet Clarie en Hartford. No fue hasta el 22 de septiembre, que se reunió con Ivonne Meléndez Carrión en el Metropolitan Correctional Center, en NY. Un día después, tuvo acceso por primera vez con el abogado adscrito a la defensa (López, 1986, p. 8).
Al año de los arrestos, la revista Pensamiento Crítico reseñaba que Ivonne Meléndez, Luz
Berríos y 7 compañeros independentistas más permanecían presos (Farinacci, 1986, p.1).
Sobre el trasfondo de estas luchadoras pude identificar que al momento de los arrestos que Luz Berrios, natural de Naranjito, era egresada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de donde se habia graduado como Terapista Ocupacional. Integrándose a la lucha independentista desde los años estudiantiles. Al entrar al servicio público, fue miembro activo de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado. Madre de dos niños, se desempeñó como terapista independiente y en imprenta (Claridad, 26 de septiembre de 1985).
Ivonne Meléndez nacida en Vega Baja, se había graduado de la UPR del programa de sociología. Obrera, militante del independentismo y muy comprometida con las organizaciones y actividades culturales de su municipio natal. Al momento de su arresto era madre de un hijo y 2 hijas (Claridad 26 de septiembre de 1985; Claridad 31 de octubre de 1985).
Durante los años de detención ante el juicio Luz Berríos quedó embarazada de su compañero, lo que hizo el proceso de encarcelamiento uno más tortuoso. (Claridad 25 de enero de 1989).
En cuanto a los procesos judiciales Luz Berríos, cuya alegación de culpabilidad redujo la sentencia máxima posible a 5 años,  había cumplido 16 meses durante su detención preventiva, lo que reducía su sentencia a 28 meses. En diciembre de 1991, Luz llegaba de la cárcel federal de Lexington a Puerto Rico junto a sus tres hijos. Luego del período de dos semanas en la Isla, tendría que volver a Hartford para cumplir con las condiciones de su libertad bajo palabra y residir hasta cumplir el término de la probatoria (Claridad 28 de diciembre 1990).
Ivonne Meléndez recibió una oferta de las autoridades para cumplir tres años de cárcel y cinco en probatoria por un cargo, o en su lugar cuatro años de cárcel que representaban 16 meses adicionales de cárcel. La oferta fue rechazada por Meléndez, por lo que fiscalía decidió llevarla a juicio. Sin embargo, luego de testimonios favorables en una audiencia, el juez sentenció a tiempo servido por sus 16 meses de “detención preventiva” y servicio comunitario. (Claridad 24 de abril de 1992, 17 de junio de 1992; Comité Nacional Pro-Libertad Prisioneros Políticos y de Guerra Puertorriqueños 29 de agosto de 1992; Paralitici 204, 397).
Un denominador común de estas revolucionarias desde los primeros momentos, fue su reconocimiento de las redes de apoyo tanto en EU como en Puerto Rico y exhortación a la continuación de los esfuerzos de estas campañas de excarcelación para romper el cerco de desinformación y los maltratos por las autoridades. Además de enfatizar su estatus de prisioneras políticas (Claridad 7 de noviembre de 1985).
             Otra experiencia compartida por Luz e Ivonne fue que sus parejas Juan Segarra y
Angel Díaz, respectivamente, también fueron detenidos y procesados por el caso de la Wells Fargo. Lo que prácticamente dejaba a sus hijos fuera de la custodia de sus padres. En el caso de Segarra enfrentaba las acusaciones más graves del grupo de arrestados, mientras a Ángel
Díaz le fueron retirados los cargos (Claridad 3 de septiembre de 1992.
Comentarios finales
Iniciativas como el Comité Unitario contra la represión (CUCRE), donde se destacó Rita Zengotita y Ofensiva 92, donde la abogada Jan Susler también tuvo una participación muy activa, fueron de suma importancia. Como señalaran en un mensaje de Luz y Ivonne el romper el cerco mediático de las autoridades y señalar los atropellos políticos y violaciones  a los derechos civiles y humanos fue de suma importancia para atenuar la impunidad estatal en su represión de los independentistas en los tribunales y las cárceles.
En el caso de las FALN Dylcia Pagán, Alicia Rodríguez, Ida Luz Rodriguez, Carmen Valentín y  Alejandrina Torres (además de otros 9 acusados), sus sentencias (que iban desde los 35 a los 90 años de prisión) fueron conmutadas por el presidente Clinton (Department of
Justice 1999). Como respuesta a las intensas campañas de excarcelación realizadas en Puerto
Rico y los EU por iniciativas como Ofensiva ’92 dirigida por Luis Nieves Falcón. Y el eco que encontró estos reclamos en distintos organismos regionales e internacionales. Por su parte Haydée Beltrán Torres estuvo excluida de la conmutación ofrecida por el presidente de EU por su vínculo con uno de los operativos donde hubo una muerte. Siendo liberada en 2009 por la persistente presión de los grupos de apoyo y la comunidad internacional. En reconocimiento del carácter político de sus acciones contra el estado.
Propongo que rescatemos la memoria de la ordalía que pasaron estas 9 heroínas revolucionarias. Que dieron concreción a los ideales por un mundo mejor. Que aun cuando no llegó este mundo mejor, si nos permitió adelantos en la participación y los derecho a las mujeres y en la promoción de la igualdad de género. Que a pesar de los estancamientos en el desarrollo político, hemos logrado consolidar nuestra identidad nacional tanto en la isla como en la diáspora. Estrechado y reforzados los vínculos entre isleños y diáspora como nunca antes. Rescatar la memoria de estas 9 luchadoras que con sus palabras y testimonios enriquecerán grandemente la historiografía sobre las luchas de la mujer puertorriqueña. Y mostraran que los caminos a los cambios de nuestra sociedad, si queremos que sean cambios sustanciales, siempre serán escabrosos.






Tema: Las Mujeres Puertorriqueñas en el Movimiento Sindical en Puerto Rico: desde Luisa Capetillo hasta la actualidad 





Yoleana M. Jordán Silva Coraly León Morales
Nilda E. Nieves Mercado


 

La desigualdad de género se refleja de manera transversal en todas las instituciones
sociales. Podemos estudiar la organización social, la cultura, la política, la economía y si miramos desde una perspectiva feminista, podremos identificar instancias de opresión, de discrimen, de marginación, de exclusión e invisibilización de las mujeres. La desigualdad de género muchas veces se reproduce al interior de movimientos sociales que luchan por mayores derechos y reivindicaciones. Este fenómeno ha sido estudiado en diversos países de América Latina, pero muy poco estudiado en Puerto Rico.
Para nosotras, como estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, nos parece importante darle una mirada a la situación de las mujeres desde nuestra profesión y a su vez rescatar y visibilizar las luchas y la participación de estas. Nuestra inquietud como mujeres y profesionales surge debido a que, a pesar de que las mujeres han participado en el movimiento sindical en Puerto Rico, éstas han sido invisibilizadas y caídas en el olvido. A su vez, nos interesa explorar qué factores influyen en la participación y el desarrollo de liderazgo de mujeres en el ámbito sindical en la actualidad. 
Actualmente, nos encontramos realizando una investigación con el objetivo de explorar y
analizar la valoración que se le da a las mujeres en posiciones de poder desde la perspectiva de hombres y mujeres en la matrícula de las estructuras sindicales y desde la perspectiva de mujeres que han asumido posiciones de liderato. Partiendo de este interés particular, para efectos de esta ponencia nos enfocaremos en hablar de algunas mujeres pioneras en el movimiento sindical en Puerto Rico, sus aportaciones, el rol de las mujeres dentro del sindicalismo en la actualidad y los retos que enfrentan. Tendremos cómo base el marco conceptual de la Teoría Feminista y el
Construccionismo Social. 
La nueva agenda para el desarrollo sostenible (ONU Mujeres, 2015) enfatiza en la necesidad de revertir la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y de abordar las barreras estructurales que impiden el progreso. Propone garantizar la participación efectiva de las mujeres y su igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos de toma de decisiones políticas, económicas y públicas. Por lo tanto, visibilizar a las mujeres, a las pioneras y a las que trabajan y se desempeñan hoy en estos espacios, manejados mayoritariamente por hombres, se vuelve tarea fundamental, no solo para rescatar a estas del olvido, sino también para presentar que es posible construir un movimiento sindical que no sea excluyente para las mujeres.

Las Mujeres en el Movimiento Sindical
            A finales del siglo XIX y a principios del pasado siglo XX, comenzaron a organizarse los primeros gremios y asociaciones de trabajadores en Puerto Rico. A la llegada de los estadounidenses a la Isla, comenzaron a implantarse nuevas leyes relacionadas con los derechos de los trabajadores. En 1898 se fundó la Federación Regional de Trabajadores, un sindicato laboral puertorriqueño. Esta organización contaba una agenda de trabajo en la que se destacaban las demandas anexionistas que aseguraban ocho horas de trabajo y la supresión del trabajo de la mujer durante el periodo del embarazo, el salario mínimo y un sistema de educación similar al de EE.UU. (Silen, 1978).
La Federación Libre de Trabajadores (FLT), un nuevo sindicato formado en el 1899 por Santiago Iglesias Pantín a raíz del rompimiento de la Federación Regional de Trabajadores, lideró las huelgas cañeras, así como las del tabaco y la de los muelles. Además de estar ligados con las grandes uniones estadounidenses, el movimiento obrero estuvo vinculado a la política partidista desde principios del siglo XIX. La ideología de la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista era una mezcla de los conceptos vertidos por Carlos Marx y Miguel Bakunin en torno al movimiento obrero. La Federación convoca a las mujeres a organizarse a través de la isla con el fin de unificar fuerza.
En 1972 surge Mujer Intégrate Ahora (MIA). El propósito de esta organización era ayudar a las mujeres a ser dueñas de sí mismas, capaces de tomar decisiones y dirigir sus vidas e integrarse con plenos derechos a los procesos de cambio en la sociedad. La misma se destacó por la concientización y organización de diferentes sectores de la sociedad.
La Federación de Mujeres Puertorriqueñas (FMP) tiene sus comienzos en 1975. Aspiraba a no solo luchar por los derechos de las mujeres y su emancipación, sino a su organización masiva. La misma existió por dos años y pretendió agrupar a mujeres sindicalistas, periodistas, amas de casa, religiosas, estudiantes y militantes de diversas organizaciones políticas (Torres,
2003). Algunas de  las mujeres líderes de la FMP lo fueron: Norma Valle, Flavia Rivera, Evelyn
Narváez Ochoa, Eileen Ochart, Wilma Valle, Rosi Mari Pesquera, Carmen Sampson, Jeannette Blasini, Olga Orraca, Maggie Marchand.
Tres Grandes Mujeres que Abrieron Camino
Luisa Capetillo (1879-1922) fue una anarquista puertorriqueña, pionera en promover el feminismo y el sindicalismo en Puerto Rico. En el transcurso de su vida se distinguió como intelectual, escritora y líder obrera.  La misma formó parte de la Federación de Torcedores de
Tabaco, unión afiliada a la Federación Libre de Trabajadores de Puerto Rico. Viajó por toda la Isla (re)organizando a los trabajadores del tabaco y la caña en la lucha por mejores condiciones laborales. Luisa Capetillo promovió el ideal anarquista y el feminismo a través de sus escritos. El amor libre es un tema recurrente en sus textos, al igual que la igualdad de derechos para las mujeres, mejoras salariales para los obreros y la lucha de clases en favor del socialismo libertario. Distintos autores describen a Luisa Capetillo como la mujer leyenda de nuestras luchas obreras. Planteamientos hechos por Luisa Capetillo la señalan como precursora del movimiento de liberación de las mujeres, mucho antes que emergiera el movimiento de las sufragista y el ser feminista se hubiera convertido en algo respetable (Silen, 1978).
Juana Colón, nació el 27 de marzo de 1886. Se destacó como líder feminista. Juana, fue una mujer negra que representó a las mujeres obreras y abogó por el sufragio femenino. Creció junto a su familia como agregada en una hacienda cafetalera en el barrio Río Hondo en Comerío. Su familia era esclava, marginada por la pobreza de la época. Como oradora socialista defendió los derechos de la clase trabajadora en Comerío. Al ser una mujer negra de descendencia esclava vivió en carne propio el discrimen que existía en Puerto Rico en el siglo XIX. Su vida es un ejemplo vivo de cómo se intersecan distintas opresiones, la pobreza, el racismo y la desigualdad de género.
Según una investigación realizada por Medina Báez (2013) el discurso de Juana Colón y sus ejecutorias por la lucha fueron más allá de las tabacaleras. Su figura llegó a representar el sector más amplio de trabajadoras del despalillado de Comerío. Sobre la misma se habla que no existe suficiente evidencia escrita sobre sus discursos. Lo recopilado de Juana Colón lo tenemos en gran medida gracias a la historia oral.
Genara Pagán de Arce, nace en Puerta de Tierra, San Juan, a finales del siglo XIX. Cursó estudios formales solo hasta el quinto grado y comenzó a trabajar como despalilladora en la industria de tabaco. Al igual que otras mujeres trabajadoras de la época se enfrentó a salarios bajos y condiciones opresivas de trabajo. Le dio suma importancia a la organización sindical y la militancia para poder lograr cambios sociales. Pagán surgió como líder de un grupo de trabajo durante la huelga de mujeres de 1914.
Las Mujeres Trabajadoras y la Situación Actual
El desarrollo del Estado Benefactor trajo consigo contradicciones inherentes que han permitido que en distintos momentos sociales, dependiendo del balance de la fuerza política de los sectores en lucha, se han podido obtener derechos laborales que el Estado no garantizaba anteriormente. Pero la situación inversa también es cierta. Puerto Rico lleva sumido en una crisis económica por más de 10 años. El gobierno ha utilizado la crisis para desmantelar los derechos laborales que se habían conseguido gracias a la lucha de trabajadoras y trabajadores. El ataque neoliberal ha tomado fuerza en un momento histórico donde el movimiento sindical lleva acumulando difíciles pérdidas que han limitado su respuestas ante dichas políticas. 
Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos (EEUU) y por ende las políticas sociales y la economía están regidas por la condición colonial y por el sistema capitalista norteamericano (Hernández, 2001). En gran medida  nuestras políticas públicas son importaciones de las políticas públicas norteamericanas. La federalización de nuestras políticas públicas fue más evidente desde la década de los ochenta al presente. Esto, para que el Estado tuviera mayor acceso a dinero norteamericano. Esto tiene un efecto en cómo está reconfigurado el Estado Benefactor en Puerto Rico y cómo a su vez, debido a la relación colonial, éste se ha ido desmantelando aceleradamente en los últimos años. Esto debido al desmantelamiento del mismo en Estados Unidos por medio de políticas neoliberales que pretenden achicar el gobierno y privatizar servicios sociales. El efecto de estas políticas neoliberales no se ha hecho esperar en
Puerto Rico. Vemos, por ejemplo, la mal llamada “flexibilización laboral”, que no es otra cosa que la precarización de la clase trabajadora. Esto ha implicado la pérdida de derechos laborales y la privatización de los servicios sociales, siendo uno de los ejemplos más fundamentales el de la salud.
Ejemplos de la precarización que son lo que ha ocurrido con los sistemas de retiro de empleados y empleadas del sector público, el ataque contra el sistema de retiro del magisterio, el Informe Kreuger y el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal de Puerto Rico (2015). Este último plantea, por ejemplo, la eliminación de la aplicación del salario mínimo federal para personas de 25 años o menos en Puerto Rico. Además representa un ataque contra los derechos de maternidad de las trabajadoras y establece la eliminación del máximo de horas trabajadas de manera diaria, factor que implica la pérdida de la garantía de horas de descanso. Esto representa la pérdida o reducción de derechos laborales que se ganaron a través de la lucha del movimiento sindical. Este ataque representa un reto para el movimiento sindical puertorriqueño.  Estas son áreas a trabajar y que -de no ser frenadas- tendrán un impacto inmenso en la calidad de vida de la clase trabajadora, en especial de las mujeres trabajadoras del sector público. 
Es en este contexto que se enmarca nuestro trabajo, en especial, debido a que gran parte del desmantelamiento de los derechos laborales está teniendo un peso mayor en las mujeres trabajadoras. El discrimen contra las mujeres se da de manera transversal; traspasa todas las estructuras sociales. El patriarcado atraviesa el capitalismo y el coloniaje. Es por esto que la política pública desarrollada no reconoce e invisibiliza el ataque enorme que representa para las mujeres. 
Según un estudio realizado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de
Puerto Rico, para el año 2014 el empleo asalariado no ajustado de Puerto Rico se estimó en 983,000 personas, de las cuales el 10% (98,000) indicaron pertenecer a alguna organización obrera. Los datos estadísticos muestran un aumento en la tasa de participación laboral de la mujer de 35 por ciento. La composición por género de los trabajadores organizados fue de 56,000 hombres y 42,000 mujeres.  Se desprende del estudio que en octubre de 2014 el sector de gobierno estatal tenía el 73.8% de los trabajadores unionados en Puerto Rico, mientras el sector privado registró el 21.4% (Negociado de Estadísticas del Trabajo, 2015). Las mujeres, que tradicionalmente se dedicaban a las tareas domésticas y manejo del hogar, han hecho incursión en sectores de la economía que anteriormente estaban desprovistos de su participación. En la práctica han asumido una doble jornada laboral; dentro y fuera de la casa. El trabajo sindical podría considerarse una jornada laboral adicional para las mujeres que participan del mismo.
Según De Jesús (2015), en su artículo Mujeres tendrán impacto especial por Plan de
Crecimiento Económico y Fiscal de Puerto Rico:
Las mujeres están en desventaja económica en la sociedad puertorriqueña. Representan el 53% de la sociedad puertorriqueña; el nivel educativo promedio de las mujeres es mayor que el de los hombres, sin embargo, la tasa de participación laboral es menor a la de los hombres (32.1%) y tienen un salario promedio menor al de los hombres en empleos comparables. De cada 10 mujeres empleadas 4 son jefas de familia y, por tanto, son las que asumen toda la carga económica familiar. Los sectores principales del empleo femenino son los servicios como salud y educación, la administración pública y el comercio, este último caracterizándose por el trabajo parcial. Los datos del
Departamento del Trabajo indican que en el último año ha habido un descenso mayor en el empleo femenino que en el masculino, tanto en el gobierno como en la manufactura, siendo también mayor la reducción en el empleo de mujeres con estudios de bachillerato que entre los hombres.
En nuestra realidad laboral puertorriqueña, el sector de servicios representa ahora la primera fuente de empleo para las mujeres (162,000)); le sigue administración pública con 112,000 empleos y el comercio, empleando a 103,000 trabajadoras (Negociado de Estadísticas del Trabajo, 2013). 
Uno de los retos que las mujeres se enfrenten en la actualidad es la continuación de la división sexual del trabajo. Esto tiene gran impacto en el tipo de trabajo al que tienen acceso las mujeres y su remuneración. Acevedo define la división sexual del trabajo indicando que ésta:
... expresa la dimensión social e ideológica de la organización de la producción y el proceso de trabajo en la industria. El carácter secundario o subordinado que se le atribuye al trabajo de la mujer responde en gran medida a la ideología de la domesticidad que se le asigna a la mujer primordialmente tareas reproductivas asociadas a la unidad doméstica. En el mercado de trabajo esta posición subordinada se encuentra a través de la construcción de un orden jerárquico en el que se le asigna a la mujer tareas de menor prestigio y salario que los hombres. Esto puede evidenciarse mediante el análisis de la segregación de ocupaciones, las diferencias en la jornada de trabajo y la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en trabajos equivalentes (1993; p. 179).
En Puerto Rico una de las formas de evidenciar la división sexual del trabajo se da al analizar las profesiones donde se encuentran trabajando mayoritariamente mujeres y la desigualdad que persiste en la paga de salarios. El magisterio, el trabajo social, la enfermería y los empleos de servicios son sectores donde las personas que trabajan son mayoritariamente mujeres. En el caso del trabajo social, si analizamos por ejemplo el surgimiento de las trabajadoras sociales pioneras; Vélez Herrera citada en Burgos nos menciona un ejemplo concreto de la conducta esperada de las mujeres que serían entrenadas como trabajadoras sociales: “buena salud, personalidad agradable, adaptabilidad, simpatía, entusiasmo, iniciativa, deseo de servir, habilidad para establecer relaciones y organizar y dirigir grupos” (2001; p.28).
Como bien ejemplifica la cita anterior, se asocian unas características específicas a las mujeres. Estas características se utilizan para asignar socialmente roles a éstas. Estos roles son perpetuados y se convierten en una camisa de fuerza. En el caso del magisterio ocurre algo similar. Como indica Martínez:
“Las mujeres entran a los escenarios escolares con unos roles sociales que tradicionalmente han desempeñado en otros, como en la familia. Particularmente, la escuela primaria se visualiza como una extensión del hogar y de la crianza de los(as) hijos(as). La construcción de la feminización, a partir de estos roles sociales,  entrelaza lo personal y lo social en una identidad femenina en torno al magisterio (2003).”

Muchos de estos elementos prevalecen al día de hoy. Por eso, profesiones como el
Trabajo Social y el Magisterio siguen teniendo cara de mujer. Según Tendencias PR, “En las áreas de salud, educación y servicios sociales, el número de mujeres empleadas es más del doble que el de hombres” (2006; p. 2). Aunque hay una inserción de mujeres a profesiones no tradicionales, para éstas sigue habiendo  resistencia social y laboral a las mismas.  En pleno 2015 todavía tenemos profesiones en las que mujeres no son consideradas para poder trabajarlas debido a la división sexual del trabajo.  
Esta situación social nos invita a analizar los discursos que predominan en la actualidad, minimizando la reproducción automática de esquemas inefectivos que han sido internalizados. Nuestras acciones deben responder a los retos que nos presenta una situación social, económica y política compleja para nuestro país. Han sido diversas las luchas por lograr lo que tenemos hoy, pero aún queda mucho por alcanzar. Es necesario el desarrollo de una sociedad en la que prevalezca la equidad, la justicia y el respeto de los derechos humanos.


Referencias

Acevedo, L. (1993). Género, trabajo asalariado y desarrollo industrial en puerto rico: la división            sexual del trabajo en la manufactura. In M. Baerga (Ed.), Género y trabajo: la industria             de la aguja en Puerto Rico y el Caribe (p. 179). Río Piedras: Editorial Universidad de
            Puerto Rico.
Burgos Ortiz, Nilsa (2001). Pioneras de la Profesión de Trabajo Social en Puerto Rico. Hato     Rey, P.R.: Publicaciones Puertorriqueñas.
De Jesús, Elsie (2015). Mujeres tendrán impacto especial por Plan de Ajuste Fiscal. Abre Paso.              Recuperado de http://abrepaso.com/mujeres-tendran-impacto-especial-por-plan-de         ajuste-fiscal/
Martínez, María S, (2003) La feminización del magisterio. Género, Sociedad y Cultura.
             Publicaciones Gaviota. Rio Piedras, Puerto Rico.
Medina Báez, Bianca M. (2013) Juana Colón y la lucha de la mujer obrera. Ediciones 
            Huracán,Inc.
Negociado de Estadísticas del Trabajo (2013). Participación de la mujer en la fuerza laboral. 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
ONU Mujeres (2015). Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Recuperado de  http://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
Silen Juan Ángel (1978). Apuntes: Para la Historia del Movimiento Obrero Puertorriqueño. 
            Río Piedras, P.R.: Editorial Cultural, Inc. 
Tendenciaspr.com (2006) Mujeres trabajando, Universidad de Puerto Rico. 




Antonio Ramos Vega
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras

“I obeyed my conscience rather than the law” Ana Belén Montes y Marta Rita Velázquez, las espías boricuas

Durante la mañana del 11 de septiembre de 2001 la nación estadounidense y el resto del mundo se paralizaron ante un evento sin precedente en la historia moderna de ese país.  El ataque a las torres gemelas del World Trade Center por supuestos extremistas islámicos, detuvo al mundo en un shock inesperado.  El evento suscitó una reacción a nivel social como político al verse lacerado la confianza ciudadana de vivir en una nación segura.  La reacción no era de esperarse y en todo su esplendor militar, el gobierno de George W. Bush inicia los planes para el contra ataque.  Pero en el Pentágono, las cosas no andaban bien.  El 21 de septiembre de 2001 el FBI arrestó a Ana Belén Montes en su oficina en Bolling Air Force Base in Washington DC.    Ana había estado bajo vigilancia por el FBI desde el mes de mayo y aunque no tenían un caso sólido para prevalecer en los tribunales, el gobierno decidió arrestarla antes que Ana pudiera tener acceso a los planes de invasión en Afganistán.
Ana trabajaba para el “Defense Intelligence Agency” (DIA) en el Pentágono como “senior analyst” sobre asuntos relacionados con Cuba desde el 1992.  Según se desprende de los documentos judiciales, el cargo contra Ana era por conspirar para cometer espionaje a favor del gobierno cubano.  Por un lado, la analista representaba un elemento de gran valor para Cuba por lo que la prensa la nombró como la Reina de Cuba[1] al poseer acceso a información clasificada como “Top Secret”.  Por otro lado, era un gran activo para el Gobierno de Estados Unidos por ser diestra en español e inglés, era hija de un respetado médico militar y de un impresionante resumé.  Por otro lado, el valor de Ana residía también en la posibilidad de influenciar directamente la conceptualización de política exterior hacia el país vecino.[2]  
Ana se convirtió en una transgresora de Estado al violar las leyes que controlaban el flujo de información del gobierno.  Estas leyes existen en virtud de la Orden Ejecutiva 12,958, 60 Federal Regulation 19,825 (1995) porque la divulgación de cierta información del gobierno estadounidense representa precisamente un problema de seguridad nacional.  Ana no solo violó las regulaciones de la ley que el “United States Code” establecido en su Título
18 sección 794(c) sobre la conspiración para cometer espionaje contra el gobierno de los Estados Unidos, sino que su transgresión se amplía al burlar las gestiones de seguridad que el Estado toma antes de permitir el acceso a información confidencial.  Sobre todo, luego de haber firmado un juramento de lealtad y de haber sido informada de las consecuencias que sufriría en caso de violar tales regulaciones.  Para alcanzar este puesto, Ana logró burlar las pruebas del polígrafo que eran necesarias antes de proveer a cualquier ciudadano o empleado civil o militar, el acceso a la información clasificada.[3]
Ana contaba con un resumé intachable y grandes logros académicos y profesionales que le favorecieron a la hora de obtener su puesto en la agencia federal.  Ana tenía 44 años de edad al momento de su arresto.  Nació en Nuremburg Alemania y de padres
puertorriqueños, su padre estuvo destacado como médico militar en dicho país en 1957. Para 1979, Ana obtiene el grado de Bachillerato de la Universidad de Virginia y entre el 19821984 fue estudiante a tiempo parcial donde obtuvo el grado de Maestría en “Advance International Studies” de la Universidad de John Hopkins. Para 1985 fue reclutada para trabajar en el Pentágono en la (DIA) hasta el 2001.  Luego de siete años, en 1992, obtuvo la posición de Analista en asuntos cubanos para Estados Unidos de América.  El trabajo de Ana culminó con su arresto en el 2001 de forma apresurada.[4]
En opinión de Michael Sullick, la investigación contra Ana no había sido suficiente y no se tenía toda la prueba para lograr una convicción en un tribunal.  No obstante, la espía estaba a punto de conocer los planes de invasión a Afganistán por lo que el FBI no se arriesgó a que fueran difundidos a agentes de inteligencia extranjeros.[5]  Para marzo de 2002, Ana se declaró culpable y se libró de la pena de muerte al alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía.  El acuerdo sería a cambio de la información que ella proveyera con relación a las actividades de espionaje a favor de Cuba por lo que la sentencia se redujo a 25 años de prisión sin posibilidad de probatoria.  Según el sitio de internet Cafefuerte.com en un reportaje de Miguel Fernández Díaz, la salida de prisión de Ana está pautada para el 1 de julio de 2023, poco antes de los 25 años por acuerdos, atenuantes y buena conducta.  Sin embargo, parte del proceso del acuerdo que suscribiera Ana con la fiscalía, le restan cinco años más de libertad supervisada.[6]
A raíz de la convicción de Ana y su cooperación, surge otro importante sujeto parte de esta investigación.  Marta Rita Velázquez fue señalada por Ana como la persona que la  puso en contacto con el servicio de inteligencia cubano, quien la reclutó y entrenó para servir de espía y la persona que la ayudaría a obtener una posición en el gobierno federal que le permitiría acceso a información clasificada.  Según Sullick, el perfil profesional de Ana era inmaculado y no levantaba sospecha alguna de ser capaz de espiar en contra de Estados Unidos.[7]  Al parecer, Marta se dio cuenta de esta ventaja.  Por otro lado, la condición de ser mujeres en una sociedad sexista, les permitió tanto a Ana como a Marta acceder sin muchos obstáculos a esta empresa.  Su condición le permitió pasar desapercibida porque los preceptos sociales de género están inclinados a imaginar un sujeto femenino que  no participa en estas actividades criminales.[8]  Mucho menos ser espías.
Marta Rita Velázquez es puertorriqueña de nacimiento y oriunda de Ponce. Aunque su adolescencia la pasó en la zona metropolitana en la ciudad de San Juan donde estudió su escuela superior.  La información personal que se obtiene en el pliego acusatorio radicado el 3 de marzo de 2003 en la Corte de Distrito Federal de Washington DC, afirma que Marta se gradúa de Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton en 1979, prosigue estudios en leyes en la Universidad de Georgetown donde completa el grado en 1982 y entre el 1982 y 1984 obtiene el grado de “Advance Intenational Studies” de la Universidad de John Hopkins.  
Desde 1982, Marta fue empleada por agencias del Gobierno Federal en funciones legales hasta obtener el grado de Estudios Internacionales donde comienza a trabajar para el
Departamento de Estado.  Desde el 1990 al 1994 fue asesora legal para el Departamento de Estado, Oficina de Desarrollo Internacional y se destacó en Managua, Nicaragua.  Entre 1994 al 1998 trabajó en Washington DC y luego de este período estuvo bajo una licencia sin sueldo hasta el 2000 donde convivió con su esposo en Suecia.  Luego de esta ausencia, regresó a trabajar hasta el 2002 en Guatemala hasta su renuncia.  Permaneció un tiempo más en
Guatemala hasta que decide mudarse a Suecia en el 2003.[9]  
Con esta mudanza Marta logra salvarse de la reclusión en cárceles de Estados Unidos.  Marta está casada con un sueco, ministro de relaciones exteriores de Suecia, por lo que comparte la ciudadanía de ese país.  Por otro lado, el Gobierno sueco ha resuelto no extraditar a Marta aunque existe un acuerdo de extradición entre ambos países.  Sin embargo, según Jim Popkin publicara en el Washington Post el 25 de abril de 2013, el acuerdo de extradiciones suscrito entre Estados Unidos y Suecia no incluye crímenes políticos, entre ellos el espionaje.[10] Mientras Marta permanezca en jurisdicción sueca, estará libre de enfrentar cargo en  Estados Unidos como lo hace Ana al hoy día.”
En ambos casos la prensa se desbordó grandemente en Estados Unidos y en Puerto Rico.  En el caso de Ana, la prensa de Estados Unidos cubrió grandemente el proceso judicial sin embargo, la historia de Ana queda en la sombra de los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Afganistán el 8 de octubre dl mismo año.  No obstante, la prensa local y la estadounidense retoman la historia de Ana para incluir a Marta el 25 de abril de 2013 cuando sale a la luz pública la acusación de Marta.  Para esta fecha la corte decide remover el sello que mantenía los documentos ocultos para el público.  Es en este momento donde afloran reportajes en el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico ante la noticia del caso de espionaje de una puertorriqueña, sobre todo, hija de un prominente abogado y profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el Lcdo. Miguel Velázquez.  Sin embargo, el pliego acusatorio de Marta fue radicado poco más de 10 años antes de su disposición pública.  No obstante, la realidad mediática y su exposición una década después en la prensa del caso de Marta pone en evidencia la historia de ambas espías.  Cuando se publica el pliego acusatorio de Marta en la prensa, es cuando los reporteros pueden completar la historia.[11]
La mayor parte de la información que obtuve para la construcción y representación de los perfiles de Ana y Marta son producto de los documentos judiciales disponibles en la Corte de Distrito de Washington DC.  Sin embargo, la prensa local presentó un reportaje por el periodista del El Nuevo Día, José A. Delgado el 6 de mayo de 2013 donde ofrece mayores detalles de Marta.  En este caso vale resaltar que la investigación que hace Delgado para el periódico establece un perfil más a tono con lo que voy a plantear más adelante.  Según Delgado, Marta se radicalizó en Princeton según le contara el Lcdo. Charles Hey Maestre quien compartió con ella durante sus estudios en esa Universidad cuando ayudó a organizar el festival cultural de Princeton y donde dirigió un discurso sobre la independencia y el socialismo para solucionar los problemas del Puerto Rico.[12]
No debemos perder de perspectiva que la relación entre Ana y Marta se produce durante la década de los 1980 donde en Estados Unidos el Presidente Ronald Reagan comienza su incumbencia con la intención de recrudecer las actividades de la Guerra Fría contra el Tercer
Mundo.  Partía de la premisa de que existía un avance de la Unión Soviética y el comunismo.  Ambas espías estudiaron temas similares en sus carreras donde sobre todo, predomina el interés por América Latina.  En 1979, la revolución en Nicaragua vence la dictadura de los Somoza y se instala un gobierno de izquierda avalado por el vencedor, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  Este fue el año que Ana y Marta se graduaban de Bachillerato.  Reagan entra a la presidencia con una nueva visión sobre Nicaragua que deja atrás la postura moderada de Jimmy Carter.  La estrategia fue un bloqueo comercial y una amalgama de intervenciones militares por los Contras y por soldados estadounidenses o contratados como mercenarios que puso en jaque económicamente a Nicaragua.  Con esto, las relaciones entre Nicaragua y el Primer Mundo eran hostiles.  Según Peter Kornbluh, “The political uproar marked a turning point in the willingness of Congress to look the other way while the Reagan Administration violated international codes of conducts in pursuit of the goal of overthrowing the Sandinistas.”[13]
Sin embargo, las posturas personales de Ana y Marta con respecto a Nicaragua se deducen de dos fuentes que afirman la intensión de ambas de colaborar con el problema.  Se desprende el pliego acusatorio de Marta que en 1984, ella le hace el primer acercamiento a Ana para envolverla con sus contactos para asistir a Nicaragua, lo cual Ana había expresado su intención de colaborar, según lo reportara José A. Delgado en el Nuevo Día.  Para este momento, Marta se encontraba en entrenamiento y comunicaciones con los cuerpos de inteligencia cubanos sin embargo no podemos decir lo mismo de Ana.  Es evidente que la conciencia de Ana sobre los abusos políticos que realizaba Estados Unidos con los países de América Latina, representaban un frente de lucha que ella entendía debía defender.  No obstante, las limitaciones de los documentos no nos permiten abundar más sobre lo que entendemos clave en esta relación de Marta y Ana.  Ambas eran fichas claves en Cuba, no solo por ser espías sino por el interés de Cuba en la Nicaragua Sandinista.
Se deduce que las dos imputadas transgredieron en una gama amplia de actividades que ejecutaron durante su empresa ilegal.  Sin embargo, estas no fueron las únicas transgresoras.  En ocasiones los ciudadanos nos percatamos de las injusticas que los Estados cometen con diferentes propósitos y salimos en defensa de lo justo.  Aunque este término no se ha mencionado en estos casos, la desobediencia civil es uno de los mecanismos más efectivos de lucha en contra de un poder que supera en fuerzas a cualquier ciudadano.  Ana y Marta estaban conscientes de las consecuencias de su empresa sin embargo, Ana pudo expresar su posición ante el juez.  No sabemos si Marta hará lo mismo en algún momento.   Cuando existe la oportunidad de analizar a Wolfreys en el tema de la transgresión, el discurso de Ana ante el juez durante la vista de sentencia pone en evidencia los planteamientos que presento en este escrito.
Después de mirar los planteamientos de Wolfreys sobre la transgresión y cómo se puede cambiar de posición al respecto, debemos tener en cuenta que las transgresiones a la ley muchas veces van atadas a la conciencia humana de lo correcto.  En el caso de Ana, durante la vista de sentencia, presenta un discurso bastante elocuente sobre sus acciones en contra del gobierno de Estados Unidos y las razones para haber asumido esa postura.  Como titula el libro Scott Carmichael A True Believer, Ana logró articular en palabras lo que su conciencia le había dictado.  Según publicado por el periódico The Miami Herald el 16 de octubre de 2002, Ana dice: “I engaged in the activity that brought me before you because I obeyed my conscience rather than the law. I believe our government's policy towards Cuba is cruel and unfair, profoundly unneighborly, and I felt morally obligated to help the island defend itself from our efforts to impose our values and our political system on it.”[14]  De esta manera, Ana se dirige al tribunal para hacer constar en récord su postura ante la política coercitiva hacia Cuba.  Fíjense que el problema no es con la ley, con lo que regula las actividades de inteligencia, es con la relación entre Cuba y Estados Unidos.  Ella misma se arrepiente al afirmar que quizás no había sido correcto o prudente compartir información con Cuba, sin embargo actuó como su conciencia le dictaba.  Perhaps Cuba's right to exist free of political and economic coercion did not justify giving the island classified information to help it defend itself. I can only say that I did what I thought right to counter a grave injustice.”[15]







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